El gobierno de Nicaragua anuló de manera arbitraria y sin brindar explicaciones formales las licencias de trabajo a unos 2,000 abogados en todo el país. La denuncia fue interpuesta públicamente por juristas afectados y diversos medios de comunicación nicaragüenses que operan desde el exilio, quienes catalogaron este masivo bloqueo profesional como un nuevo y severo patrón de acción represiva estatal.
De acuerdo con las publicaciones del diario La Prensa, los nombres de los litigantes perjudicados fueron eliminados repentinamente del registro oficial administrado por la Corte Suprema de Justicia. Esta medida administrativa despoja a los profesionales de la capacidad de ejercer la abogacía en las instancias del país, obligándolos a una inactividad forzada y limitando el acceso de la población a defensores independientes.
Especialistas en derechos humanos que monitorean la situación nicaragüense para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que borrar abogados sin previo aviso viola los estándares básicos de seguridad jurídica. El colectivo opositor Liberales Nicaragua también condenó las acciones del Ejecutivo, argumentando que la práctica legal ha quedado supeditada a las consignas políticas de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hasta el momento, ni el gobierno nicaragüense ni las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han emitido algún tipo de pronunciamiento oficial para justificar la depuración del sistema. La medida se suma al histórico clima de tensión interna y fuerte control social que arrastra la nación centroamericana desde las masivas protestas civiles registradas en el año 2018.
Redacción El Pueblo