La exalcaldesa del municipio de Soyapango, Nercy Montano, enfrentará formalmente un juicio penal tras la resolución emitida por el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Durante la audiencia preliminar celebrada en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, la autoridad judicial validó el dictamen de acusación de la Fiscalía General de la República. La representación fiscal solicitó elevar el caso a la fase de vista pública al considerar que existen suficientes indicios criminales.
Los delitos específicos por los cuales la exfuncionaria será juzgada son actos arbitrarios en la modalidad continuada, en perjuicio directo de la administración pública y cuatro víctimas, además de desobediencia continuada en afectación a tres personas. Según el reporte técnico de las investigaciones del ministerio público, Montano ejecutó de forma sistemática despidos injustificados de varios empleados de la comuna. Las autoridades confirmaron que para realizar dichas acciones de personal, la exalcaldesa se saltó de forma deliberada todos los procedimientos legales estipulados.
La Fiscalía afirmó en los tribunales que los trabajadores afectados ganaron previamente demandas laborales que ordenaban de manera estricta su reinstalación inmediata y el pago de los salarios caídos. Sin embargo, la exfuncionaria hizo caso omiso a las resoluciones judiciales vigentes, incurriendo de forma flagrante en el delito de desobediencia a la autoridad. Montano enfrentó la diligencia legal de forma virtual desde el centro penal de Apanteos, recinto penitenciario donde permanece recluida desde su detención el 28 de diciembre de 2022.
Finalmente, el marco jurídico nacional detalla que, de ser encontrada culpable en la etapa final, la imputada recibirá duras sanciones de privación de libertad. El artículo 320 del Código Penal sanciona los actos arbitrarios cometidos por funcionarios públicos con penas de prisión que oscilan entre los dos y los cuatro años. Asimismo, el artículo 322 de la referida normativa penal castiga el delito de desobediencia con una pena de cárcel de seis meses a un año para quien se niegue abiertamente a cumplir una sentencia estatal.