El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordó con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, la realización de ataques conjuntos contra las organizaciones del narcotráfico que operan en el territorio centroamericano. La medida fue oficializada mediante una llamada telefónica mantenida la semana pasada y marca una notable escalada en la ofensiva del mandatario estadounidense, Donald Trump, contra los cárteles latinoamericanos. La oficina presidencial de Guatemala confirmó que se ha enviado una carta formal a Hegseth solicitando la cooperación en operaciones específicas dirigidas por las fuerzas de seguridad locales.
Este nuevo pacto militar se alinea con la estrategia que el gobierno de Trump inició en septiembre del año pasado, centrada en atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. La administración norteamericana ha insistido de forma reiterada en que se encuentra en un estado de guerra formal contra los grupos que cataloga como «narcoterroristas» en América Latina. Los cárteles internacionales, apoyados por redes de delincuencia autóctonas, utilizan a la nación vecina como plataforma para el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de dinero, agudizando los índices de violencia regional.
Sin embargo, las operaciones navales y aéreas de Washington han provocado un acalorado debate a escala global respecto a su legalidad y validez jurídica. Críticos internacionales señalan que la Casa Blanca no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren que las embarcaciones interceptadas estén involucradas directamente en el contrabando de estupefacientes. Ante esta falta de certezas procesales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alzado la voz para denunciar las intervenciones militares estadounidenses, calificándolas abiertamente como «ejecuciones extrajudiciales».
A pesar de las controversias diplomáticas, los funcionarios de inteligencia estadounidenses justifican la urgencia de las misiones tácticas con base en las alarmantes estadísticas de incautación de drogas. Los reportes oficiales estiman de manera técnica que el 90 % de la cocaína que ingresa al mercado de consumo de Estados Unidos transita obligatoriamente por Centroamérica y México. Las redes criminales emplean una compleja logística que incluye el uso de camiones, aviones, barcos de gran calado y embarcaciones semisumergibles para burlar los controles fronterizos de las naciones afectadas.