La pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) surgió en los años 80 en Los Ángeles, California, consolidándose tras cuatro décadas como una red criminal transnacional vinculada al narcotráfico, extorsión y homicidios. Tras expandirse a Centroamérica en la década de los 90 debido a las deportaciones, la estructura generó una severa crisis de violencia que afectó profundamente a la región.
A diferencia de otros países de la zona, solo Estados Unidos y El Salvador han logrado frenar su accionar delictivo mediante herramientas legales contundentes. Mientras el gobierno norteamericano aplica la Ley RICO para juzgar directrices centralizadas, la gestión del presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, desarticulando casi por completo a las pandillas.
Estas estrategias de seguridad permitieron capturar a más de 91,900 integrantes y colaboradores en El Salvador, logrando una reducción histórica de la criminalidad con más de 1,200 días sin homicidios. Este panorama contrasta con los gobiernos de ARENA y el FMLN, cuyas gestiones acumularon más de 70,000 asesinatos debido a planes ineficientes y presuntos pactos con las estructuras.
Pese a los resultados, la oposición y diversas organizaciones internacionales han criticado las medidas denunciando supuestas violaciones a los derechos humanos de los detenidos. Recientemente, representantes de oenegés ante el Congreso de Estados Unidos abogaron por los derechos de los pandilleros, generando controversia tras evitar catalogar a la MS-13 como una organización terrorista.