La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos audios en la octava jornada de la audiencia contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, en los que se revelan los mecanismos internos y directrices utilizadas por la estructura para ejecutar homicidios en todo el país.
Según la acusación, la cúpula de la pandilla, conformada por 22 ranfleros históricos, exigía a las aproximadamente 230 clicas que operaban a nivel nacional enviar reportes detallados tras cada asesinato, incluyendo la forma en que eran abandonados los cuerpos de las víctimas.
El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que las grabaciones obtenidas mediante intervenciones telefónicas permiten evidenciar la dinámica homicida de la organización, así como su estructura de comunicación para planificar delitos como homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.
Las investigaciones detallan que estas escuchas, autorizadas judicialmente entre 2016 y 2021, revelan cómo los cabecillas emitían órdenes desde centros penales, indicando la ubicación y seguimiento de las víctimas. Incluso, las ejecuciones debían contar con autorización de mandos superiores antes de ser perpetradas.
En una de las llamadas se ordena el asesinato de un agente policial destacado en la delegación de San Marcos en 2018, así como el homicidio de un empleado vinculado a una sede policial en Zacatecoluca en 2019. Otros audios hacen referencia a crímenes ocurridos en distintos puntos del país, incluyendo hechos registrados en San Martín y Mejicanos en 2021.
«Con los audios nos queda claro cómo es que planificaban los homicidios y cómo eran los reportes. Se escucha la estructura que debía tener el informe: nombre de la víctima, motivo, confirmación del hecho y la forma en que dejaban el cuerpo, todo para conocimiento de la ranfla», detalló el fiscal.
Asimismo, las autoridades señalaron que las extorsiones y el narcotráfico constituían las principales fuentes de financiamiento de la estructura, llegando a generar fondos superiores a los $500,000, según otras conversaciones interceptadas.
El proceso judicial forma parte de uno de los casos más amplios contra estructuras criminales en el país, en el que se atribuyen más de 47,000 delitos, de los cuales alrededor de 29,000 corresponden a homicidios, evidenciando la magnitud del accionar de la organización.