La Fiscalía General de la República (FGR) reveló, durante el juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, que la estructura criminal manejaba un fondo superior a los $500,000, producto de extorsiones impuestas a diversos sectores de la población a cambio de no atentar contra sus vidas.
La información se desprende de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas, en los que un pandillero encargado de las finanzas detalla la recolección, administración y distribución del dinero entre las distintas estructuras de la organización.
En una de las grabaciones reproducidas ante el juez, el administrador reclama a un cabecilla por el manejo desigual de los fondos, recordando que el acuerdo interno —denominado por la pandilla como “proyecto familia”— establecía una distribución equitativa de los recursos obtenidos ilícitamente.
Según la FGR, este término da origen al denominado caso “Familia”, en el que están siendo procesados miembros de la denominada ranfla histórica, ranfleros de penales, de la calle, corredores de programa y jefes de clicas, quienes se agruparon bajo esa estructura tras intentos de división interna.
Las investigaciones detallan que el dinero era recolectado de comerciantes, empresarios, transportistas, propietarios de tiendas y otros sectores productivos, lo que permitía a la pandilla superar el medio millón de dólares en fondos disponibles.
«Se han recogido alrededor de un poco más de $500,000», afirma el encargado de las finanzas en una de las conversaciones interceptadas, en la que también se menciona la elaboración de un presupuesto interno de gastos.
De acuerdo con la acusación, los fondos eran distribuidos entre aproximadamente 230 clicas —células territoriales— y 32 programas, estructuras jerárquicas dirigidas por cabecillas de alto rango conocidos como corredores.
El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que las escuchas permiten evidenciar el funcionamiento financiero de la organización.
«Hemos escuchado cómo se distribuían las rentas de todas las clicas y programas. Había un sujeto encargado de ordenar la recolección para el barrio, para la familia. En ese momento tenía contabilizado más de $500,000, dinero que estaba destinado para el fortalecimiento de la estructura», indicó.
Entre los principales destinos de estos recursos ilícitos se encontraba la adquisición de armas de fuego. En las grabaciones, el administrador menciona estrategias para obtener armamento a menor costo en el extranjero, estimando precios de hasta $1,200 por unidad, en contraste con los $3,000 que, según indicó, se pagaban localmente.
La Fiscalía sostiene que este cúmulo de pruebas permitirá acreditar ante el tribunal una serie de delitos que incluyen extorsión, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, entre otros, en uno de los procesos judiciales más relevantes contra estructuras del crimen organizado en el país.