En una sesión plenaria de carácter histórico, la Asamblea Legislativa aprobó ayer con 57 votos una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, permitiendo que los salvadoreños residentes en el exterior cuenten con su propia circunscripción electoral. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, tiene como objetivo principal que la diáspora pueda elegir directamente a sus diputados en el Congreso a partir de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. La medida rompe con el sistema anterior, donde los sufragios emitidos desde el extranjero eran asignados automáticamente al departamento de San Salvador.
El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, puso en marcha el mecanismo constitucional tras incorporar la petición con dispensa de trámite. Según Castro, esta propuesta es un eje fundamental para regular la participación electoral de los salvadoreños en el exterior, garantizando que el reconocimiento de esta circunscripción respete los principios de igualdad del voto y representación proporcional. La reforma establece ahora que, mientras la base del sistema electoral en el territorio nacional sigue siendo la población, en el extranjero se regirá por el registro electoral.
Esta transformación constitucional tiene sus raíces en las propuestas planteadas por la comisión «ad hoc» liderada por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, quien incluyó la creación de esta circunscripción propia en su informe presentado al presidente Nayib Bukele en septiembre de 2021. El Ejecutivo justificó la enmienda señalando que existen más de 3 millones de salvadoreños fuera del país, de los cuales más de 950,000 poseen domicilio registrado en el extranjero, lo que representa una comunidad con una dimensión política que merece reconocimiento estructural.
A pesar de que sectores de la oposición cuestionaron la celeridad del proceso, líderes de organizaciones de la diáspora han recibido la noticia con entusiasmo. Representantes como Eduardo López Rajo, de Central American Coalition USA, afirmaron que el Gobierno finalmente otorga el puesto que se merece a los ciudadanos en el exterior, brindándoles el poder y la representación política directa que por décadas les fue negada. Con esta aprobación, se abre un nuevo capítulo en la mística de trabajo parlamentario orientado a profundizar la democracia y la inclusión de todos los salvadoreños, sin importar su ubicación geográfica.