En un proceso judicial sin precedentes, testigos bajo régimen de protección y pruebas anticipadas han confirmado que los 22 cabecillas de la «ranfla histórica» de la Mara Salvatrucha ordenaron asesinar salvadoreños de forma masiva en cuatro ocasiones distintas. La modalidad criminal, conocida internamente como «abrir las válvulas», se ejecutó en los años 2012, 2016, 2019 y, finalmente, en marzo de 2022. Esta última ola de violencia fue el detonante que llevó al Gobierno del Presidente Nayib Bukele a instaurar el régimen de excepción para frenar el accionar de estas estructuras terroristas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un análisis jurídico donde ubica a estos cabecillas como los «hombres de atrás», operando bajo la teoría de autoría mediata. Esto significa que, aunque no ejecutaron físicamente los crímenes, tuvieron el control total para autorizar o denegar la vida de las personas. En total, se les vincula con la orden de ejecutar 47,420 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo casos de alto impacto como el asesinato de los hermanos Toledo, la futbolista Jimena Granados y la masacre de cuatro soldados en Vista al Lago, Ilopango.
Uno de los testimonios más estremecedores reveló que la cúpula tenía pleno conocimiento de las operaciones de la clica Tecla Locos Salvatruchos, la cual asesinó y enterró a 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán. Este sitio se había convertido en una base de operaciones y cementerio clandestino avalado por los fundadores de la pandilla. Además del sicariato masivo, los cabecillas históricos autorizaron por más de una década la compra de armamento pesado y el cobro sistemático de extorsiones para financiar su estructura criminal.
Finalmente, el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, enfatizó que los ranfleros mantuvieron el mando desde las cárceles y las calles, utilizando su poder para aterrorizar a la nación. Entre los casos presentados en las audiencias destaca el asesinato de un padre y su hijo, ejecutados tras negarse a pagar una extorsión de $10,000. Con estas declaraciones, el sistema de justicia busca desarticular la estructura de mando histórica de la MS, garantizando que quienes dieron las órdenes enfrenten la máxima responsabilidad penal por el derramamiento de sangre en El Salvador.