La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa inició ayer el análisis formal del proyecto de ley para regular las Alianzas Público-Privadas (APP). Este nuevo marco legal, compuesto por 88 artículos, tiene como objetivo establecer procedimientos claros para la ejecución y terminación de proyectos entre el Estado y el sector privado en materia de infraestructura y servicios. Durante la sesión, los legisladores enfatizaron que esta normativa modernizará la relación con los inversionistas, permitiendo un desarrollo más ágil de la obra pública en el país.
La diputada Dania González, presidenta de la comisión, fue enfática al aclarar que el proyecto no compromete la gratuidad ni la responsabilidad estatal sobre los servicios fundamentales. González subrayó que, por mandato constitucional, el Estado mantiene la obligación directa sobre las áreas de salud, educación y agua potable. «La participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», reiteró la legisladora, asegurando que la Constitución prima sobre cualquier disposición de esta ley secundaria en cuanto a la protección de los derechos ciudadanos.
Por su parte, el diputado William Soriano destacó que la nueva ley sustituirá a la normativa de 2013, la cual calificó de ineficiente para garantizar modelos exitosos. Soriano explicó que esta herramienta permitirá que el sector privado asuma los costos financieros de construcción y operación, liberando al Estado de cargas presupuestarias para reorientar recursos hacia áreas de urgencia. Asimismo, se detalló que el Órgano Legislativo mantendrá la potestad de autorizar o rechazar cada contrato de asocio que el Gobierno decida acordar con los inversionistas.
Finalmente, el debate incluyó posturas de la oposición respecto al alcance de la normativa. La diputada Claudia Ortiz propuso excluir explícitamente de la ley los servicios prestados por el ISSS y la Universidad de El Salvador, además de insistir en reformas constitucionales sobre la gestión del agua. A pesar de estas observaciones, la bancada mayoritaria reafirmó que la ley está diseñada bajo estándares actuales de transparencia y eficiencia, buscando que El Salvador cuente con infraestructura de primer nivel sin comprometer la propiedad ni el acceso a los servicios públicos esenciales.