El Gobierno de Colombia ha impuesto aranceles del 100% a los productos provenientes de Ecuador, en respuesta inmediata a una medida recíproca aplicada por la administración de Daniel Noboa. La ministra de Comercio, Diana Morales, confirmó que se han agotado los esfuerzos diplomáticos ante una disputa que ya afecta el flujo de energía, medicamentos y alimentos. Esta escalada comercial surge tras los constantes reproches de Noboa a Gustavo Petro por la supuesta inacción frente al crimen organizado y las guerrillas en la zona fronteriza común.
La crisis política se profundizó luego de que Petro calificara como «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, aliado de Rafael Correa y nacionalizado colombiano recientemente. Noboa, quien mantiene a Glas en una prisión de máxima seguridad tras el asalto a la embajada de México en 2024, respondió llamando a consultas a su embajador en Bogotá. En represalia por el aumento del 50% al 100% en los impuestos ecuatorianos este jueves, Petro ordenó el regreso «inmediato» de su representante diplomática a Colombia.
Ante el deterioro de las relaciones bilaterales, el presidente Petro planteó la posibilidad de que Colombia abandone la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bloque que integra junto a Perú, Bolivia y Ecuador. Simultáneamente, la cancillería colombiana ha iniciado gestiones para buscar la adhesión plena al Mercosur, buscando nuevas alianzas regionales. El sector empresarial ha expresado su preocupación, dado que el intercambio de bienes como aceites vegetales, metales y cosméticos se encuentra actualmente bajo una presión arancelaria sin precedentes.
El conflicto refleja una fractura ideológica y estratégica entre ambos mandatarios que trasciende lo comercial. Mientras Glas denuncia tratos crueles en prisión desde noviembre, el asalto militar a la sede diplomática mexicana sigue siendo un punto de fricción internacional que Petro ha utilizado para cuestionar la legitimidad de las acciones de Noboa. Sin un canal de diálogo activo y con los aranceles en su punto máximo, la estabilidad económica y de seguridad en la frontera compartida se enfrenta a un escenario de alta incertidumbre.