Las recientes críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hacia el sistema penitenciario salvadoreño han sido calificadas por analistas locales como una estrategia alineada a una «agenda globalista» de ataque institucional. El sociólogo Mauricio Rodríguez y el analista Rafael Góchez coinciden en que estas declaraciones surgen en un contexto de baja popularidad para el mandatario suramericano, quien buscaría mantenerse relevante en la esfera internacional confrontando el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele. Rodríguez enfatizó que Petro utiliza narrativas extremas, como la comparación con «campos de concentración», para ignorar la crisis de impunidad y el cuestionado sistema carcelario que actualmente impera en territorio colombiano.
Para los especialistas, la postura de Petro es contradictoria, dado que organismos internacionales han señalado a Colombia por tener cárceles donde la readaptación es nula y prevalecen prácticas similares a las de los gobiernos de ARENA y el FMLN en El Salvador, donde se permitía el ingreso de drogas y lujos para los reos. Rafael Góchez añadió que el mandatario colombiano se apoya en «datos inventados» por oenegés y medios afines que declaran inocente a un alto porcentaje de la población carcelaria sin poseer la capacidad técnica para emitir tales juicios. Según Góchez, este discurso solo busca validar la tesis de combatir al delincuente con «cariño», una política que no ha dado resultados y que Petro pretende proyectar hacia las próximas elecciones con su candidato Iván Cepeda.
Finalmente, los analistas concluyeron que la injerencia de Petro carece de autoridad moral, especialmente cuando El Salvador ha logrado pacificar su territorio mediante la institucionalidad y el orden. Rodríguez advirtió que el mandatario colombiano debería priorizar la resolución de los conflictos internos de su nación antes de intentar exportar ideologías que han fracasado sistemáticamente. Con estas intervenciones, los expertos subrayan que la narrativa de la presidencia colombiana es percibida más como una herramienta de propaganda política que como una preocupación legítima por los derechos humanos en la región.