El Gobierno de España, bajo la administración de Pedro Sánchez, ha tomado la decisión estratégica de cerrar su espacio aéreo a todos los aviones militares de Estados Unidos que participen en el conflicto bélico contra Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó este lunes que la medida incluye la prohibición explícita de utilizar las bases conjuntas de Morón y Rota para cualquier operación relacionada con esta guerra. Esta postura de centroizquierda representa una oposición frontal a la intervención liderada por Washington e Israel, la cual Robles describió como «profundamente ilegal y profundamente injusta».
La decisión ha escalado rápidamente a una crisis diplomática de alto nivel. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado con dureza ante la negativa española, amenazando con represalias que incluyen el corte total de las relaciones comerciales con el país ibérico. A pesar de las presiones, la ministra Robles insistió en que la postura de Madrid fue comunicada con «total claridad» al Ejército y a las fuerzas americanas desde el inicio de las hostilidades, subrayando que España no será plataforma logística para una actuación que contraviene sus principios de política exterior.
Desde el punto de vista operativo, este veto supone un desafío logístico considerable para el Pentágono. Según informes técnicos adelantados por el diario El País, la imposibilidad de utilizar el corredor aéreo español obliga a los bombarderos estadounidenses a despegar desde bases más remotas, lo que altera drásticamente la planificación de vuelo, la carga de armamento y la gestión de combustible (queroseno). Aunque el convenio bilateral permite que EE. UU. siga usando las bases para fines previstos, como la asistencia de tropas en Europa, el uso específico para ataques en Irán ha quedado totalmente bloqueado.
Finalmente, este episodio marca uno de los puntos más bajos en la relación bilateral entre España y Estados Unidos en las últimas décadas. Mientras el gobierno de Sánchez mantiene su compromiso con la legalidad internacional, la incertidumbre se traslada ahora al terreno económico ante las posibles sanciones de la Casa Blanca. El Ministerio de Defensa reafirmó que la soberanía nacional y la ética internacional prevalecerán sobre las presiones externas, dejando claro que las instalaciones militares en suelo español no servirán de apoyo a un conflicto que España no reconoce como legítimo.