El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Soyapango dictó una contundente sentencia condenatoria contra 66 integrantes de la estructura terrorista «Saicos Locos Salvatruchos», quienes mantenían bajo asedio diversos sectores del departamento de Cuscatlán. En una audiencia única de carácter abierto, el juez validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), determinando que los procesados son responsables de una serie de delitos graves que incluyen agrupaciones ilícitas, homicidio, extorsión y desaparición de personas. Esta resolución judicial representa un golpe estratégico a las redes logísticas de las pandillas en la zona paracentral del país.
Según la acusación fiscal, esta célula criminal concentraba su actividad delictiva principalmente en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario. Los ahora condenados fueron capturados por las fuerzas de seguridad en el marco del Régimen de Excepción, medida aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022. La investigación logró acreditar que los pandilleros operaban de manera sistemática para amedrentar a la población y controlar territorios específicos, consumando la mayor cantidad de ilícitos documentados en los expedientes de la representación pública.
Entre las sentencias más severas destaca la impuesta a Carlos Javier Vásquez Amaya, cabecilla con rango de «corredor de clica» y mando operativo de la estructura, quien fue condenado a 60 años de prisión. El tribunal también aplicó el peso de la ley según el nivel de jerarquía y participación de los involucrados: 28 «homeboys» recibieron penas de 40 años; seis «chequeos» fueron sentenciados a 30 años; 29 sujetos con estatus de «paros» pasarán 25 años tras las rejas, mientras que dos colaboradores recibieron una condena de 20 años de cárcel.
Finalmente, las autoridades judiciales subrayaron que estas condenas reflejan el compromiso del Estado por erradicar la impunidad y garantizar que los crímenes cometidos contra la sociedad salvadoreña no queden sin castigo. Con la desarticulación de esta estructura, se devuelve la tranquilidad a las familias de Cuscatlán que por años sufrieron el acoso de la delincuencia organizada. Tras la lectura de la sentencia, los condenados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a los centros penales correspondientes para comenzar el cumplimiento de sus respectivas penas.