Óscar David Deleón Portillo, quien se desempeñaba como ordenanza en la delegación Sur de la Policía Nacional Civil (PNC) con sede en San Marcos, fue enviado a prisión preventiva tras ser capturado por grabar de forma ilícita a agentes en las áreas de aseo personal. Durante la audiencia inicial celebrada en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos formales por el delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El fallo judicial ordena que el proceso avance a la etapa de instrucción, manteniendo al acusado bajo custodia estatal.
Los hechos que originaron el proceso penal ocurrieron el pasado 11 de marzo de 2026, cuando un agente policial que utilizaba las duchas comunes de los dormitorios se percató de un teléfono celular colocado sobre la división de los baños. Al identificar y confrontar a Deleón Portillo, el agente procedió a verificar el dispositivo, encontrando diversos archivos de video con contenido similar almacenados en la memoria del aparato. Esta evidencia preliminar fue clave para que el ministerio público sustentara la acusación por vulnerar la intimidad de los elementos de seguridad en su lugar de trabajo.
La representación fiscal argumentó que la conducta del imputado representa una violación directa a la integridad y privacidad de las víctimas, agravada por el uso de herramientas digitales para documentar los actos sin consentimiento. La jueza del caso valoró que la información incorporada al expediente cuenta con la robustez necesaria para presumir la participación del procesado en los hechos señalados. Debido a la naturaleza del delito y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, se determinó que la medida cautelar de detención provisional es la más idónea mientras se define su situación jurídica definitiva.
Con esta resolución, el caso pasa a manos de un Juzgado de Instrucción, donde se profundizará en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance total de las grabaciones y si existen más víctimas involucradas. La PNC ha reiterado su política de cero tolerancia ante comportamientos que comprometan la disciplina y el respeto dentro de las sedes policiales, independientemente de si el agresor es personal operativo o administrativo. El imputado permanecerá recluido en un centro penal mientras se programan las audiencias correspondientes para el cierre de la etapa de investigación.