La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR), en un esfuerzo conjunto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concluyó este miércoles el «Mentoring Camp», un evento de alta especialización enfocado en la lucha contra el lavado de activos. La actividad contó con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y se centró en mejorar la implementación de sistemas de prevención y la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), elementos fundamentales para blindar la economía nacional frente a capitales ilícitos.
Durante las jornadas del 10 y 11 de marzo, 40 abogados y notarios, identificados como sujetos obligados según la normativa vigente, participaron en este proceso formativo de alto nivel. La capacitación buscó fortalecer las capacidades técnicas y evaluativas de los profesionales, permitiéndoles identificar con mayor precisión posibles casos de financiamiento del terrorismo y blanqueo de capitales. Este esfuerzo se enmarca en un programa integral de fortalecimiento de medidas AML/CFT diseñado para supervisores y supervisados en el país.
El ministerio público destacó que la meta principal es elevar la calidad de la inteligencia financiera en El Salvador. Para ello, resulta indispensable mejorar la completitud, claridad y oportunidad de los reportes que los abogados emiten ante las autoridades. Un reporte útil y oportuno permite a la FGR actuar con mayor celeridad y precisión en las investigaciones judiciales, cerrando los espacios de maniobra a las estructuras criminales que intentan legitimar fondos obtenidos de manera fraudulenta o delictiva.
Finalmente, las autoridades reafirmaron que la actualización constante de los profesionales del derecho es un pilar estratégico para mantener los estándares internacionales en la lucha contra la criminalidad financiera. Con la finalización de este campamento de mentoría, El Salvador da un paso adelante en la modernización de sus protocolos de supervisión. La colaboración entre instituciones nacionales y organismos internacionales sigue siendo la ruta elegida para garantizar que el sistema legal salvadoreño sea una barrera infranqueable contra el lavado de dinero.