El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ha puesto sobre la mesa de debate internacional la naturaleza de los crímenes ocurridos en El Salvador entre los años 2009 y 2019, calificándolos como un «genocidio del siglo XXI». Bajo esta premisa, Félix Ulloa sostiene que el asesinato de más de 41,000 salvadoreños en dicha década no puede ser ignorado por la justicia, dado que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional. Esta postura busca romper con lo que se considera un silencio sistemático sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las administraciones previas.
La denuncia de Félix Ulloa apunta directamente a la supuesta omisión por parte de juristas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que, a pesar de su rol fiscalizador, no han tipificado estos hechos como crímenes contra la humanidad. El Vicepresidente cuestiona por qué estos actores han optado por cohonestar los atropellos del pasado en lugar de exigir justicia para las víctimas. En este contexto, se plantea la interrogante de si las Naciones Unidas deberían intervenir de oficio para investigar un periodo marcado por una violencia institucionalizada que desangró al país.
Uno de los puntos más críticos señalados por Félix Ulloa es la vinculación de antiguos funcionarios con las mismas ONGs que hoy emiten informes sobre la realidad nacional. Según el vicemandatario, esta red de asociaciones permite que los responsables de la década pasada evadan el escrutinio público, utilizando a supuestos expertos para legitimar narrativas que ocultan su responsabilidad. «Es un delito que no prescribe; por tanto, puede juzgarse en cualquier periodo de tiempo», ha enfatizado el funcionario, recordando que el genocidio es uno de los crímenes más graves tipificados a nivel mundial.
Finalmente, el Gobierno reafirma que la búsqueda de la verdad es un pilar fundamental para la consolidación de la paz actual. Félix Ulloa insiste en que la impunidad no debe ser la norma para quienes administraron el Estado durante los años de mayor letalidad en la historia reciente de El Salvador. Con este llamado a la reflexión jurídica y ética, se busca que las instituciones correspondientes retomen los expedientes de ese decenio y garanticen que la memoria de las 41,000 víctimas sea honrada mediante procesos judiciales que identifiquen y sancionen a los autores intelectuales y materiales de estas atrocidades.