El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador dictó una sentencia condenatoria de seis años de prisión contra Manuel Suria Bolaños, de 55 años, tras encontrarlo culpable del delito de tráfico ilegal de personas. Además de la pena privativa de libertad, el juzgador impuso al imputado el pago de $1,500 a cada una de las dos víctimas en concepto de responsabilidad civil, buscando resarcir el daño económico causado tras el incumplimiento del acuerdo migratorio.
Según las investigaciones judiciales, los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el ahora condenado contactó a sus víctimas en la comunidad El Progreso, en Santo Tomás, ofreciéndoles asistencia para trasladarlas de forma irregular hacia los Estados Unidos. El trato pactado ascendía a un total de $6,000 por persona; bajo este esquema, las víctimas entregaron un adelanto de $3,000 bajo la promesa de iniciar el trayecto hacia el norte, utilizando la carretera a Comalapa como punto de partida.
El expediente detalla que Suria Bolaños pospuso en dos ocasiones la fecha del supuesto viaje, señalando el 21 de septiembre y posteriormente el 10 de noviembre de 2022 como días para la partida. En ambas oportunidades, el contacto que supuestamente facilitaría el traslado nunca se presentó al lugar acordado. Ante la falta de resultados, las víctimas exigieron la devolución de su dinero, recibiendo como respuesta por parte del imputado que los fondos ya habían sido gastados.
Esta resolución judicial reafirma el compromiso de las autoridades salvadoreñas en el combate frontal contra las redes de tráfico de personas, que lucran con la vulnerabilidad y las aspiraciones de quienes buscan emigrar. El caso de Suria Bolaños sirve como un recordatorio de los riesgos y engaños que enfrentan aquellos que recurren a contactos ilegales, y subraya la importancia de denunciar ante la justicia este tipo de actos ilícitos que ponen en peligro la integridad física y patrimonial de las familias.