El Salvador ha logrado desarticular estructuras criminales mediante un robusto marco legal que prioriza la seguridad de las familias, según declaraciones judiciales recientes. El magistrado Carballo calificó como «exagerada» la caída en los índices de criminalidad tras corregir errores legislativos que favorecían a los delincuentes.
Entre los cambios clave destaca la tipificación de agravantes cuando los delitos son cometidos por pandillas, además del uso de pruebas tecnológicas en los juicios. Antes del régimen de excepción, los tribunales se veían saturados por casos de violencia, una realidad que se ha transformado radicalmente.
En sintonía con este endurecimiento penal, los tribunales han emitido condenas ejemplares, incluyendo 28 años de cárcel para exministros que negociaron con pandillas. Asimismo, casos de corrupción municipal y fabricación de pruebas por exfiscales han terminado con severas penas de prisión para los responsables.
El sistema de justicia también ha impactado al narcotráfico internacional, condenando a 15 años a extranjeros capturados con millonarios cargamentos de droga. Estos resultados, según el magistrado Carballo, demuestran que el país cuenta ahora con leyes capaces de garantizar una paz duradera y real independencia judicial.

