El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó este jueves al Ministerio Público (MP) de interferir en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, en medio de una confrontación abierta con la fiscal general.
El MP informó que investigaba supuestas irregularidades en el proceso de votación y ejecutó allanamientos en los centros instalados en el Club La Aurora y el parque Erick Barrondo, en Ciudad de Guatemala, donde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elegía a su magistrado titular y suplente ante la CC.
A través de la red social X, el mandatario calificó el operativo como una acción “espuria” destinada a “interferir” en la elección y “amedrentar” a los votantes con el fin de “alterar” el resultado. La jornada se vio interrumpida temporalmente por los cateos, el registro realizado a la presidenta del CANG y un corte de energía eléctrica provocado por la explosión de un transformador cercano.
Pese a los incidentes, el gremio concluyó el proceso y eligió a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como magistrada titular y a Luis Fernando Bermejo Quiñónez como suplente para integrar la corte constitucional. Posteriormente, Arévalo publicó: «Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones (…). Ganaron los abogados honestos».
El presidente mantiene una confrontación directa con la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y acciones antidemocráticas. Arévalo la acusa de formar parte de un entramado que, según afirma, ha puesto a la justicia al servicio de “criminales” y “corruptos”.
Porras, de 72 años, rechaza las acusaciones y aspira a convertirse en magistrada de la CC en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una designación que se definirá el próximo lunes. La fiscal ha manifestado que su intención es garantizar la “correcta aplicación de la ley” y actuar de manera “transparente, honrada” y “profesional”.
Arévalo, por su parte, tiene la atribución constitucional de designar al nuevo fiscal general y a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un órgano que en los últimos años ha sido objeto de cuestionamientos por presunta corrupción y por supuestamente extralimitarse en sus funciones.
El episodio profundiza la tensión institucional en Guatemala y refleja la disputa por el control y la legitimidad de los órganos clave del sistema de justicia del país centroamericano.
El Pueblo Redacción