El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez enfrente juicio por una compleja red de delitos que incluyen estafa, agrupaciones ilícitas y uso de documentos falsos. Según la ratificación de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado formaba parte de una estructura delictiva que operó entre 2020 y 2022. El modus operandi consistía en alquilar vehículos de agencias establecidas para, posteriormente, venderlos de forma ilegal a ciudadanos particulares mediante la falsificación de escrituras y documentos de identidad.
La investigación fiscal reveló que la banda utilizaba un método de suplantación de identidad altamente coordinado. El grupo sustraía documentos de identidad originales de diversas víctimas y seleccionaba, entre sus miembros, a quienes tuvieran rasgos físicos similares a los de los dueños legítimos. Con esta fachada, acudían a las empresas de renta de vehículos para retirar los automotores sin levantar sospechas. Una vez que tenían los vehículos en su poder, los trasladaban a estacionamientos públicos donde los ofrecían en venta como si fueran los propietarios legales.
Cuando aparecían personas interesadas en adquirir los vehículos, la banda procedía a realizar contratos de compraventa falsos. Para dar una apariencia de legalidad a la transacción, utilizaban nuevamente los documentos hurtados, engañando a los compradores quienes entregaban fuertes sumas de dinero por bienes que, legalmente, pertenecían a las arrendadoras. Esta estructura no solo afectó el patrimonio de los compradores individuales, sino que generó millonarias pérdidas a las empresas del rubro automotriz, operando bajo un esquema de crimen organizado en la capital.
Finalmente, el tribunal recordó que los demás integrantes de esta organización criminal ya habían sido enviados a juicio previamente, destacando que entre los involucrados figuran exmiembros de la Policía Nacional Civil. Con la resolución dictada contra Rolban Steven Rodríguez, la justicia busca cerrar el ciclo de impunidad de esta banda que aprovechó la vulnerabilidad de los sistemas de identificación. El imputado permanecerá bajo proceso judicial mientras se programa la vista pública, donde se determinará la responsabilidad penal y la cuantía de los daños civiles a resarcir.
El Pueblo Redacción