El Gobierno de Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, declaró este jueves el estado de alerta naranja y amarilla en 23 de las 24 provincias del país, ante el recrudecimiento de la temporada invernal. Esta medida estratégica busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta inmediata frente a la alta probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos asociados al incremento de las precipitaciones estacionales. La alerta naranja, que implica una preparación inminente para el desastre, rige en zonas críticas como las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Napo, la capitalina Pichincha, y las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, donde la saturación de los suelos y el caudal de los ríos representan una amenaza directa para la población.
La disposición oficial también establece la alerta amarilla para provincias como Manabí, Los Ríos y Santa Elena, así como para diversas regiones de la Amazonía y la Sierra norte, con el fin de mantener un monitoreo constante sobre las áreas vulnerables. La Secretaría instó a los municipios y prefecturas a activar de forma inmediata sus planes de respuesta, reforzar la limpieza de cauces y coordinar acciones preventivas que protejan la infraestructura vial y los medios de vida de los habitantes. La prioridad de las autoridades es establecer perímetros de seguridad y garantizar que los recursos de emergencia estén disponibles para intervenir en territorios priorizados ante el riesgo de aluviones, hundimientos y erosión hídrica que históricamente afectan estas zonas.
Desde el inicio de la actual temporada invernal el pasado 1 de enero, Ecuador ha registrado un total de 336 eventos adversos que han golpeado duramente la estabilidad social y económica del país. El balance oficial reporta, hasta la fecha, un saldo trágico de dos personas fallecidas y 709 ciudadanos afectados directamente por los temporales. Los daños materiales son significativos, con ocho viviendas totalmente destruidas y más de 200 con daños parciales, además de la pérdida de cinco puentes y afectaciones en cerca de seis kilómetros de la red vial nacional. Esta situación ha generado una crisis en el sector agropecuario, donde se contabiliza la muerte de 94,084 animales, impactando la economía de las comunidades rurales que dependen de la ganadería y la agricultura.
Finalmente, el último reporte meteorológico advierte que los deslizamientos, inundaciones y lluvias intensas continuarán afectando el territorio nacional durante las próximas semanas debido a la inestabilidad atmosférica en la región. La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene un equipo técnico desplegado para evaluar los daños en tiempo real y facilitar la asistencia humanitaria a los damnificados en las 21 provincias que ya han reportado incidentes. Con la declaratoria de estas alertas, el Estado ecuatoriano busca minimizar el impacto de los fenómenos naturales y asegurar que la movilización de recursos sea eficiente para evitar nuevas pérdidas humanas y mitigar el colapso de los servicios básicos en las zonas rurales y urbanas más expuestas al rigor del invierno.

