A ocho años de prisión fue condenado José Alejandro Landaverde, de 42 años, por el delito de robo agravado en perjuicio de una estudiante universitaria, a quien interceptó cuando regresaba de clases y se dirigía a su vivienda en la comunidad Santa Gertrudis, del cantón Cutumay Camones, en el distrito de Santa Ana Centro, informaron fuentes judiciales.
Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó al condenado el pago de 300 dólares en concepto de indemnización a favor de la víctima, como parte de la reparación del daño causado por el hecho delictivo.
El proceso judicial fue conocido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, donde la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar la responsabilidad directa de Landaverde en el delito, mediante la presentación de un conjunto de pruebas documentales, científicas y testimoniales, entre las que destacó el testimonio de la víctima, quien lo identificó de manera plena y directa como su agresor.
De acuerdo con el relato fiscal, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, sobre la calle principal de la comunidad, frente a un predio baldío, donde la estudiante de la carrera de enfermería fue interceptada por el imputado, quien la sometió por la fuerza y la despojó de su teléfono celular.
Según el testimonio rendido durante el proceso, la joven intentó defenderse del asaltante y logró identificar sus rasgos físicos, lo que permitió que, tras el robo, acudiera de inmediato a interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Como resultado de la investigación, la Policía Nacional Civil (PNC) logró ubicar a Landaverde al día siguiente de los hechos, momento en el cual la víctima lo reconoció plenamente como el responsable del asalto, lo que permitió su captura y posterior procesamiento judicial.
Las autoridades judiciales destacaron que la condena constituye un mensaje claro contra los delitos que atentan contra la integridad y seguridad de los ciudadanos, especialmente contra estudiantes y jóvenes, reafirmando el compromiso institucional de combatir la delincuencia y garantizar justicia para las víctimas.
El Pueblo Redacción