Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión 2025 revelan un crecimiento histórico frente al 28 % registrado en 2022.
El panorama financiero de El Salvador ha dado un salto cuantitativo en los últimos tres años. El Banco Central de Reserva (BCR) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, revelando que el 46.9 % de los salvadoreños adultos posee una cuenta de ahorro formal. Este dato marca un avance significativo respecto al 28 % reportado en 2022, reflejando el impacto de las políticas de modernización y bancarización impulsadas en todo el territorio nacional.
Douglas Rodríguez, presidente del BCR, atribuyó estos resultados a la ejecución de la Política Nacional de Inclusión y Educación Financiera. La encuesta, que abarcó una muestra de 10,776 hogares en los 14 departamentos, también destacó que el 79 % de los cuentahabientes posee una tarjeta de débito asociada. «Estamos trabajando para que la población adquiera conocimientos y habilidades responsables en la gestión de sus finanzas personales y empresariales», afirmó Rodríguez, subrayando el papel del Consejo Nacional de Inclusión Financiera en este proceso.

El informe detalla además el crecimiento en otros servicios clave: el 23 % de la población tiene acceso a créditos, mientras que el uso de canales digitales se ha consolidado. Un ejemplo destacado es Transfer365, el sistema de transferencias interbancarias del BCR, que ya concentra el 93 % de las operaciones realizadas por los usuarios. Asimismo, se reportó un incremento en la tenencia de seguros formales (22.4 %) y cuentas de ahorro previsional (20.1 %), lo que indica una mayor diversificación en el uso de productos financieros.
Finalmente, la encuesta arrojó datos sobre el envío de dinero y la cultura financiera. El 25.8 % de los encuestados recibe remesas a través de canales formales, integrándose de manera directa al sistema bancario. En cuanto al nivel de conocimiento, el indicador de alfabetización financiera alcanzó un puntaje de 14.3 sobre 21. Estos insumos permitirán al Gobierno y a los proveedores de servicios diseñar estrategias basadas en evidencia estadística para reducir brechas de género y eliminar barreras de acceso en las zonas rurales del país.
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