Uso incorrecto del casco pone en riesgo a motociclistas salvadoreños

El uso incorrecto del casco continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad de los motociclistas en El Salvador. Un estudio observacional del comportamiento en seguridad vial, realizado por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), reveló que, aunque el 99 % de los conductores de motocicleta utiliza casco, el 65 % lo hace de manera inadecuada, lo que significa que siete de cada 10 motociclistas circulan con un alto nivel de riesgo en las carreteras.

De acuerdo con el informe, las fallas más comunes incluyen cascos sin abrochar, sin visera, mal colocados, usados como gorra, de talla incorrecta o incluso el uso de cascos no aptos para motocicleta, como los diseñados para bicicleta. Esta práctica reduce de forma considerable la efectividad del casco, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el uso correcto de un casco certificado puede reducir casi a la mitad el riesgo de muerte en un siniestro vial.

El análisis también evidenció diferencias por género. En el sector motociclista, el 88 % corresponde a hombres y el 12 % a mujeres. Sin embargo, el uso correcto del casco es mayor entre las mujeres, con un 47 %, frente a un 33 % en los hombres, lo que refleja la necesidad de reforzar la concientización especialmente entre la población masculina.

Por departamento, los resultados muestran un panorama preocupante. En San Salvador, el 62 % de los motociclistas usa mal el casco; en Santa Ana, el 66 %; y en San Miguel, el 68 % no se transportaba con este implemento de seguridad de forma adecuada en las vías. Estos datos se suman a la advertencia de la OMS, que señala que los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables debido a su baja visibilidad, mínima protección física y convivencia con vehículos de mayor tamaño, siendo los traumatismos craneales una de las principales causas de muerte.

Ante esta realidad, la reciente reforma a la Ley de Tránsito establece que a partir del 29 de diciembre de 2025 será obligatorio el uso de casco certificado para motociclistas y sus acompañantes. Aunque las reformas entraron en vigor en diciembre de 2024, el Gobierno otorgó un plazo de un año para su aplicación, con el objetivo de permitir que los conductores adquieran el equipo adecuado sin provocar un aumento injustificado en los precios por el incremento de la demanda.

El Viceministerio de Transporte (VMT) aclaró que quienes incumplan esta disposición enfrentarán una multa de $150 por falta grave. No obstante, las autoridades recalcaron que la medida no tiene fines recaudatorios, sino que busca reducir las lesiones graves y muertes en accidentes de motocicleta.

El Fonat explicó que un casco certificado debe cumplir normas técnicas internacionales de seguridad y portar un sello visible de certificación, como DOT (Estados Unidos), ECE (Europa), NBR 7471 (Brasil) u otras equivalentes que garanticen su resistencia ante un impacto. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, enfatizó que “está salvando su vida al tener un casco que de verdad lo vaya a proteger”, subrayando que los motociclistas carecen de otros elementos de protección ante un accidente.

Reyes agregó que el Fonat trabaja junto al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica y en coordinación con Aduanas para regular los cascos que se importan al país y asegurar que cumplan con las normas establecidas.

Las cifras del Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi) refuerzan la urgencia de estas acciones. Del 1.º de enero al 29 de diciembre se registraron 22,149 siniestros viales de motocicletas, que dejaron 13,201 personas lesionadas y 1,229 fallecidas. Entre las principales causas se encuentran la distracción del conductor, invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria y el irrespeto a las señales de tránsito.

Frente a este escenario, el VMT y el Fonat desarrollan charlas de concientización para orientar a los motociclistas sobre cómo elegir un casco certificado y utilizarlo correctamente. Además, ambas instituciones participan en controles vehiculares junto a la Policía Nacional Civil, con el propósito de fomentar una cultura de seguridad vial y reducir la alarmante siniestralidad en las carreteras del país.

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