Singapur endureció su marco legal contra el fraude y las redes de estafa al poner en vigor una ley que contempla la flagelación de los responsables, con penas que van desde seis hasta un máximo de 24 azotes, además de sanciones económicas y penas de prisión. La medida entró oficialmente en vigor este 30 de diciembre de 2025, confirmaron autoridades del Ministerio del Interior.
La decisión se produce en medio de un alarmante incremento de los delitos de estafa en la ciudad-estado, que han alcanzado cifras récord en los últimos años. El Ministerio del Interior reiteró que combatir este tipo de delitos se ha convertido en una prioridad nacional, debido al impacto económico y social que generan tanto en ciudadanos como en empresas.
De acuerdo con datos oficiales presentados ante el Parlamento, Singapur registró pérdidas superiores a los $2,800 millones entre 2020 y el primer semestre de 2025 como consecuencia de estafas. En ese mismo período se contabilizaron alrededor de 190,000 casos, según detalló la ministra del Interior, Sim Ann, durante el debate legislativo que precedió a la aprobación de las reformas.
Las enmiendas legales, aprobadas en noviembre, establecen que los estafadores, los integrantes de redes delictivas dedicadas al fraude y quienes se encarguen de reclutar personas para estas estructuras criminales podrán ser sometidos a flagelación, una pena corporal que se aplicará de manera adicional a las multas y condenas de cárcel ya contempladas en la ley.
«Sí, entra en vigor hoy, 30 de diciembre de 2025», confirmó la ministra Sim Ann en declaraciones a la agencia AFP, subrayando que el objetivo de la nueva normativa es disuadir de manera contundente la comisión de este tipo de delitos, que han evolucionado hacia esquemas cada vez más sofisticados y transnacionales.
En el marco de esta ofensiva, la Policía de Singapur también informó sobre importantes decomisos vinculados a redes internacionales de estafa. Entre ellos, destaca la incautación de más de $115 millones en bienes presuntamente ligados a Chen Zhi, un magnate británico-camboyano acusado de operar campamentos de trabajo forzado en Camboya que, según las investigaciones, funcionaban también como centros de estafas multimillonarias.
Las autoridades singapurenses consideran que el endurecimiento de las penas, junto con la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades de investigación, permitirá frenar el crecimiento de este delito y proteger a la población frente a uno de los mayores desafíos criminales que enfrenta actualmente el país.
El Pueblo Redacción