La justicia salvadoreña dio un nuevo golpe contundente a las estructuras criminales que han amenazado, por años, la tranquilidad de los habitantes en la zona oriental del país. Tres pandilleros que operaban en los distritos de Mercedes Umaña, Alegría, Estanzuelas y Jucuapa, en Usulután Norte, fueron sentenciados a penas de entre 44 y 80 años de prisión por su participación en homicidios agravados, robo y agrupaciones ilícitas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los imputados, identificados como integrantes de las clicas Normandie Locos Salvatruchos y Peñas Locos Salvatruchos de la MS-13, enfrentaron un proceso judicial en el que se comprobó su responsabilidad en tres asesinatos y otros delitos asociados a extorsión y amenazas a trabajadores del transporte público. Entre las víctimas se encuentra un cobrador de la ruta 14, que realizaba su recorrido entre Santiago de María y Ciudad El Triunfo.
El crimen del cobrador ocurrió el 2 de junio de 2014, cuando, según la Fiscalía, la pandilla ordenó su asesinato como medida de presión para que los empresarios del transporte accedieran a pagar una cuota de extorsión. Esta acción marcó un antes y un después en la investigación, al revelar la estructura de intimidación organizada que operaba en la región.
Las sentencias más altas recayeron sobre los cabecillas de la estructura. Luis Alberto López Peña, alias “Topo”, recibió 80 años de prisión, mientras que José Saúl García López, alias “Jocker”, fue sentenciado a 74 años por su implicación en múltiples homicidios. Por su parte, German Rafael Bermúdez Cruz, alias “Popeye”, deberá cumplir una pena de 44 años en prisión. Con estas resoluciones, la FGR destacó que se cierra un ciclo de impunidad en un caso que afectó profundamente a la comunidad del transporte local.
En un proceso judicial paralelo, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, en San Miguel, impuso una condena de 35 años a José David Umanzor Hernández, alias “Wizar de Pirula”. Las investigaciones demostraron su participación en un homicidio agravado cometido en abril de 2011 en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en este mismo departamento. Fue encontrado culpable tanto por su implicación directa en el asesinato como por su pertenencia a una estructura criminal, recibiendo 30 años por homicidio y 5 años más por agrupaciones ilícitas.
Los fiscales del caso resaltaron que estas condenas representan un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en zonas históricamente afectadas por la violencia y la extorsión. Asimismo, destacaron el trabajo coordinado entre las autoridades judiciales y las unidades investigativas, que permitieron esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Estas resoluciones se suman a los esfuerzos del Estado para garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad a las comunidades del oriente del país, donde por años operaron estructuras criminales que afectaron la vida cotidiana, la economía local y el libre tránsito.
El Pueblo Redacción