El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, con sede en San Salvador, admitió las pruebas presentadas en un proceso mediante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) busca que dos vehículos incautados en Santa Ana pasen a manos del Estado, tras haber sido utilizados presuntamente en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de personas.
Según el Ministerio Público, se trata de un sedán Mitsubishi año 2013 y una camioneta Jeep modelo 2015, los cuales fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 15 de octubre de 2023, en el kilómetro 105 de la carretera que conecta Santa Ana con Metapán. Los automotores llamaron la atención de los policías debido a que transportaban una cantidad inusual de personas, por lo que decidieron detenerlos para verificar su situación.
Durante la inspección, los ocupantes manifestaron ser ciudadanos dominicanos y señalaron que estaban siendo trasladados hacia la frontera con Guatemala, con el objetivo de continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Los conductores de los vehículos fueron arrestados por el delito de tráfico ilegal de personas, y los automotores quedaron incautados por haber sido utilizados como instrumentos para la comisión de dicho ilícito.
En la audiencia preparatoria, el juzgado admitió las pruebas tanto de la Fiscalía como de los abogados de los propietarios de los vehículos, las cuales serán debatidas en la próxima audiencia de sentencia. La Unidad Especializada de Extinción de Dominio sostiene que los bienes fueron empleados directamente para facilitar una actividad delictiva, por lo que deben ser transferidos al Estado.
Este proceso forma parte de los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por combatir el tráfico ilegal de personas y desmantelar las estructuras que lucran con la migración irregular a través del territorio nacional.
El Pueblo Redacción