Por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a Rafael Antonio L. G., señalado por exigir pagos semanales a un comerciante a cambio de no atentar contra su vida o la de sus empleados. La decisión fue tomada tras la audiencia preliminar, en la cual se admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2015 y enero de 2016, cuando el imputado, junto a otros dos sujetos, comenzó a exigir dinero a la víctima, quien tenía un negocio en San Salvador. Inicialmente, los chantajistas le exigían $10 semanales, pero posteriormente incrementaron el monto a $50, lo que llevó a la víctima a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil.
Tras recibir el caso, la Policía lo remitió a la Fiscalía para que se establecieran las instrucciones de investigación. Con base en las indicaciones, los agentes realizaron múltiples diligencias con el objetivo de identificar el origen de las amenazas y dar con los responsables del delito. Con las investigaciones, se logró determinar que Rafael Antonio L. G. era la persona que dirigía las exigencias económicas, por lo que la Fiscalía ordenó su detención.
Durante la audiencia, el juzgado dio por válidos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y resolvió enviar el caso a vista pública, manteniendo al procesado en detención preventiva. Será en el juicio donde se definirá la situación jurídica del acusado, quien podría enfrentar una condena por extorsión agravada.
El Pueblo Redacción