Un miembro de estructuras criminales identificado como Dylan Smaily Archila García, quien enfrenta un proceso judicial por delito de extorsión, presentó un recurso de amparo ante la Corte Constitucional de Guatemala con el objetivo de anular la recién aprobada Ley Antipandillas.
Según medios locales, el documento presentado por Archila García sostiene que la normativa viola derechos humanos fundamentales, además de haber sido aprobada sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución guatemalteca. El recurso fue interpuesto pocas horas después de la entrada en vigor de la ley, la cual endurece las penas contra los miembros de pandillas y facilita la construcción de una megacárcel, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El pandillero argumenta que la nueva legislación no garantiza un proceso penal justo, vulnerando principios como la certeza jurídica y el debido proceso, al tiempo que solicita una medida cautelar que congele temporalmente la ley para evitar su aplicación inmediata.
La Ley Antipandillas fue promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el aumento de los actos violentos atribuidos a estructuras criminales en Guatemala. Su objetivo principal es dotar al Estado de herramientas legales para combatir frontalmente a las pandillas y frenar su incidencia en el país.
De ser admitido el amparo, la Corte Constitucional deberá evaluar la constitucionalidad de la normativa, mientras el gobierno ha reiterado que la ley busca proteger a la población y recuperar el control territorial frente a los grupos delincuenciales.
El Pueblo Redacción