El Juzgado de Paz de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, ordenó este martes la detención provisional de 13 aficionados del Alianza F.C., acusados del delito de desórdenes públicos agravados tras el ataque a un grupo de seguidores del Club Deportivo FAS el pasado 25 de octubre.
De acuerdo con la resolución judicial, los imputados, integrantes de la Barra Brava del Alianza, deberán continuar en prisión mientras avanza el proceso judicial. En tanto, una mujer involucrada en los hechos recibió medidas sustitutivas a la detención debido a su estado de salud.
El tribunal determinó que por los delitos de daños agravados y lesiones, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. Los responsables pagaron $2,500 al propietario del autobús que resultó dañado durante el ataque y $200 a cada una de las cuatro víctimas que sufrieron lesiones, en concepto de responsabilidad civil.
El ataque ocurrió la noche del 25 de octubre, cuando un grupo de hinchas del Alianza interceptó en el desvío a San Juan Opico un autobús en el que viajaban aficionados del FAS hacia el estadio Óscar Alberto Quiteño, de Santa Ana, para asistir al partido correspondiente a la fecha 18 del torneo Apertura 2025.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados “lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos” contra la unidad de transporte, causando daños materiales y lesiones a algunos ocupantes. Tras la agresión, las víctimas solicitaron auxilio a la Policía Nacional Civil (PNC), que logró capturar a los agresores poco después del incidente.
La FGR presentó cargos por desórdenes públicos agravados, daños agravados y lesiones, argumentando que las acciones de los detenidos atentaron contra la paz y la tranquilidad ciudadana.
Por su parte, la PNC reiteró su postura de tolerancia cero frente a la violencia en eventos deportivos, subrayando en un comunicado:
“No vamos a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos.”
Con esta resolución, las autoridades buscan enviar un mensaje claro contra los actos de violencia vinculados al fútbol, reafirmando el compromiso de garantizar la seguridad en los espacios deportivos y el respeto entre las aficiones.
El Pueblo Redacción