El Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos con el propósito de fortalecer la gestión de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y dotarla de nuevas herramientas legales que le permitan optimizar su funcionamiento en beneficio de la población salvadoreña.
Entre los cambios solicitados se contempla otorgar al director nacional de la ANDRES la facultad de “proponer al Órgano Ejecutivo, por medio del Ramo de Obras Públicas y de Transporte, los proyectos de tasas por servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación por parte del Órgano Legislativo”. Asimismo, se busca que pueda “aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca la institución, previa autorización del Ministerio de Hacienda”.
La iniciativa también plantea incorporar al patrimonio institucional los recursos derivados del pago de tasas, servicios o productos ofrecidos por la Autoridad, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera y capacidad operativa.
Otro de los puntos incluidos en las reformas se refiere al Tribunal Sancionador de la ANDRES, proponiendo ajustes en los requisitos para ser miembro de dicha instancia, así como en los procesos de nombramiento de sus integrantes, tanto propietarios como suplentes.
La ANDRES, que comenzó operaciones a finales de diciembre del año pasado en el municipio de San Salvador Este —que incluye San Martín, Ilopango, Soyapango y Tonacatepeque—, es el ente responsable de la gestión integral de residuos y reciclaje a nivel nacional, con la facultad exclusiva de formular, implementar y evaluar políticas públicas en el sector.
Las reformas presentadas por el Ejecutivo serán conocidas por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Parlamento en su sesión programada para el próximo martes, donde se prevé iniciar su análisis técnico y jurídico.
El Pueblo Redacción