El Congreso de Guatemala ha dado un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al aprobar la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras . La normativa, aprobada con 145 votos a favor , no solo clasifica a los pandilleros de la MS-13 y el Barrio 18 como terroristas , sino que también establece un marco legal para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad y soporta excesivamente las penas por delitos clave como la extorsión y la usura.
La decisión fue celebrada por el presidente del Congreso, Nery Ramos , quien afirmó que la aprobación es un mensaje claro: «Para nadie es un secreto que las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares. [Por ello] este Congreso ha dicho basta ya «.
Incremento Drástico de Penas y Eliminación de Beneficios
El núcleo de la nueva ley radica en el endurecimiento penal. La condena por el delito de extorsión se eleva de manera significativa, pasando de los seis años anteriores a hasta 18 años de cárcel .
Además, la ley penaliza severamente el reclutamiento y la organización de menores de 18 años para actividades delictivas, imponiendo penas de 14 a 18 años de prisión, junto con multas.
Uno de los puntos más relevantes para las fuerzas de seguridad es la eliminación de beneficios procesales para los pandilleros. Según Ramos, «se acabó esa vida», refiriéndose a las medidas sustitutivas, el arresto domiciliar y la fianza.
Cifra Clave:El diputado Ramos señaló que, según datos oficiales, las estructuras criminales son responsables demás del 90% de las extorsionesy el70% de los delitos contra la vidaen el país.
Los acusados vinculados con estas estructuras ya no podrán acogerse al proceso de aceptación de cargos , asegurando que su única salida será la prisión si el Ministerio Público y la Policía logran vincularlos con el crimen organizado.
Frente Amplio: Cárcel de Máxima Seguridad y Usura
Además del combate frontal a las pandillas, el Congreso avaló aumentar las penas por el delito de usura , que pasó de cuatro a 10 años de cárcel y hasta 500.000 quetzales de multa. Si el condenado es extranjero, la ley estipula la deportación inmediata .
En el ámbito de la infraestructura, la ley permite la construcción de una cárcel de máxima seguridad . El Ejército de Guatemala ya ha iniciado el proceso administrativo para la edificación de esta obra, que se espera esté terminado en 12 meses .
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo , aplaudió la decisión del Congreso. «Esta ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras ya la delincuencia organizada. No nos detenemos. Seguimos avanzando por una Guatemala más segura», compartió el mandatario, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la implementación de la nueva normativa.
El Pueblo Redacción