La Fiscalía General de la República (FGR) utilizará su asignación presupuestaria para el año 2026, que asciende a $91,664,660 , con un enfoque claro en garantizar el acceso a la justicia, mejorar la persecución del delito y, de manera crucial, intensificar el combate contra la corrupción y el crimen organizado.
Así lo detalló ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado, al exponer ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa los planos, proyectos y objetivos de la institución para el próximo ejercicio fiscal.
De la cifra total, $89.5 millones se destinarán al componente operativo, que cubre el funcionamiento regular de la fiscalía y asegura la continuidad del Centro Nacional Antipandillas. Los $2 millones restantes serán invertidos en la modernización y equipamiento de las oficinas centrales de la FGR. Además, Delgado afirmó que se buscará fortalecer la defensa judicial de los intereses del Estado y mejorar las condiciones laborales de su personal.
Resultados en Corrupción y Finanzas
Durante su comparancia, Delgado hizo hincapié en las acciones concretas de la FGR en materia de corrupción. La institución ha ejecutado procedimientos de alto perfil, como la incautación de bienes al expresidente de la república Alfredo Cristiani Burkard, y también ha accionado contra funcionarios del actual gobierno, mencionando el proceso penal por soborno contra el exfuncionario Cristian Flores.
En el ámbito financiero, la Fiscalía destacó su efectividad en la defensa del patrimonio público, logrando recuperar $98.7 millones para el Estado entre octubre de 2021 y octubre de 2025.
Rol Decisivo en el Régimen de Excepción
En materia de seguridad pública, el fiscal general subrayó el papel fundamental que la FGR ha desempeñado bajo el régimen de excepción. La institución ha dirigido la investigación y judicialización de casos en contra de 89,875 miembros de pandillas a escala nacional, incluyendo estructuras como la MS-13 y Barrio 18.
Solo en la etapa de instrucción, la FGR ha procesado a 82,078 imputados, entre adultos y menores de edad. Este esfuerzo ha sido sostenido por un equipo especializado de 291 profesionales, incluyendo fiscales, auxiliares y colaboradores jurídicos.
El Pueblo Redacción