La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación por presunta falsedad documental y cobro ilegal contra dos empleados de la Unidad Ambiental de la alcaldía de La Unión Sur, quienes habrían emitido un permiso falso de construcción a cambio de $352.38 en efectivo.
El hecho ocurrió el pasado 13 de mayo en una propiedad en remodelación ubicada en el barrio Concepción, del distrito de La Unión. Según el informe elaborado por la Unidad de Administración Tributaria Municipal (UATM), los dos empleados un hombre y una mujer realizaron una inspección en el sitio, tomaron fotografías y pidieron información técnica. Más tarde, ese mismo día, regresaron con un supuesto permiso de construcción y cobraron en efectivo por la supuesta gestión.
El documento contenía un sello y una firma atribuida al jefe de la UATM, pero no se entregó ningún recibo oficial de cancelación. Dicha anomalía fue detectada días después por técnicos de la UATM durante una verificación rutinaria, quienes al consultar en las distintas unidades administrativas, confirmaron que no existía ningún registro del permiso ni del pago en cuestión.
Una denuncia interna que llegó a la Fiscalía
Rafael Humberto Bonilla Chávez, entonces jefe de la UATM, elaboró un informe detallado sobre la irregularidad y lo presentó al concejo municipal junto con las pruebas recabadas. La audiencia para exponer el caso ante el concejo fue concedida dos semanas después de su solicitud.
Según fuentes internas, Bonilla Chávez fue removido del cargo tras presentar el informe, siendo trasladado con una reducción salarial a la Unidad de Catastro del distrito de El Carmen. La alcaldía justificó el cambio alegando que su designación como jefe de la UATM era temporal y que había finalizado su periodo de prueba.
Pese a ello, la alcaldía presentó una demanda ante el Juzgado de lo Civil para solicitar autorización de despido contra los dos empleados implicados, y el caso fue notificado a la FGR, específicamente a la Unidad de Delitos de Administración de Justicia y Fe Pública en San Miguel, que actualmente realiza las diligencias correspondientes.
Contactos internos y cobros ilegales
Según el maestro de obra a cargo de la construcción, uno de sus albañiles afirmó tener el contacto de una empleada municipal que podía “agilizar” el trámite del permiso. Tras una llamada telefónica, los empleados llegaron al lugar, realizaron la inspección y entregaron el documento fraudulento, todo en el mismo día.
El inmueble en cuestión continúa bajo supervisión mientras las autoridades esclarecen el caso. De acuerdo con la normativa, todos los pagos por licencias de construcción deben realizarse en las instalaciones oficiales de la alcaldía y únicamente con comprobantes emitidos por tesorería.
Silencio institucional
Se intentó obtener declaraciones oficiales por parte de la alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón, la concejal Ana Orellana encargada de la Unidad Ambiental Municipal y el síndico Mauricio Herrera. Sin embargo, ninguno respondió a las solicitudes enviadas por medios digitales. Herrera alegó estar con permiso por motivos de salud desde hace cuatro meses.
Mientras tanto, el concejo municipal confirmó que ha ordenado una investigación interna paralela para esclarecer los hechos.
El Pueblo Redacción