La Asamblea Legislativa podría aprobar este día un refuerzo presupuestario de $10 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destinado a cubrir la alimentación de la población privada de libertad y garantizar el funcionamiento de los centros penales del país.
El dictamen favorable fue emitido ayer por la comisión de hacienda, tras escuchar la exposición de Laura Arce, subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda, quien explicó que el incremento en la población reclusa ha generado mayores necesidades de recursos.
“Los $10 millones permitirán continuar proporcionando alimentación a los privados de libertad, como parte del respeto a sus derechos humanos, y asegurar el normal funcionamiento de los centros penitenciarios”, detalló Arce.
La funcionaria destacó que la Dirección General de Centros Penales impulsa un modelo de reinserción social y productiva, en coordinación con instituciones del ramo de seguridad, lo que incluye medidas alternas al encarcelamiento como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno.
Con esta asignación, el Ejecutivo busca mantener la operatividad de los recintos penitenciarios y garantizar condiciones básicas en medio del aumento de internos registrado en los últimos meses.
El Pueblo Redacción