El Salvador «despilfarró» $1.7 millones anuales en mantener diputados «decorativos» en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) durante más de tres décadas, coinciden en señalar los académicos Nelson Flores y Óscar Peñate, quienes aplauden la salida de El Salvador de ese foro político regional con sede en Guatemala.
«Es una medida que abona a reducir esa grasa estatal de gastos y contribuye a maximizar los recursos, para ser utilizados con mayor efectividad en programas sociales que sí benefician de manera directa a la población», dijo Flores.
La Asamblea Legislativa ratificó en la sesión plenaria 67 una reforma a la Constitución para expulsar de su texto la elección de diputados del Estado de El Salvador ante el Parlacen, y la iniciativa de ley que se les otorgaba.
«Los diputados del Parlacen son decorativos; es decir, son literalmente un despilfarro de dinero. Lo que históricamente procede es la modernización del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, y crear un nuevo tratado para lograr la unión centroamericana», comentó Peñate.
El Parlacen es un foro político regional cuyas resoluciones no son vinculantes para sus Estados miembros, que tiene su sede principal en Guatemala y que se instaló en 1991 luego de suscribirse su Tratado Constitutivo en 1987, a propuesta de una resolución surgida en la cumbre de presidentes centroamericanos de 1986, celebrada en Esquipulas, Guatemala.
El Estado de El Salvador destina anualmente $1.7 millones para la manutención del Parlacen; sin embargo, el costo también implica la elección de sus 20 diputados, como ocurrió el año pasado cuando se gastaron $21.6 millones, entre el costo para la impresión de la papeleta de votación y el valor del voto válido, que fue tasado en $3.30 por la cartera de Hacienda.
El Tratado Constitutivo del Parlacen establece además que este lo integrarán los presidentes y vicepresidentes de los Estados miembros, cuando hayan terminado sus respectivos mandatos.
El sitio web parlacen.int/historia recoge los periodos de elección popular – desde el primero, de 1991-1996, así como los nombres de los presidentes y vicepresidentes que por el Tratado Constitutivo asumían una banca en el foro regional.
Da cuenta que El Salvador, aparte de sus 20 diputados, estuvo representado a «partir de junio de 1994 por el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y José Francisco Merino López de ARENA» y en el periodo 2001-2006 «estuvo representado por el expresidente Armando Calderón Sol y exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante».
La data de las bancadas del Parlacen añade que en el periodo 2006-2011 El Salvador «estuvo representado por el expresidente Francisco Flores y el exvicepresidente Carlos Quintanilla» y en el periodo 2011-2016 «por su expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena» que «se juramentó, pero no asumió» por un fallo de la Sala de lo Constitucional.
Desde 1991 El Salvador realizó elecciones para elegir diputados al Parlacen en 1994, 2000, 2006, 2009, 2015, 2021 y 2024; los últimos asumirían en octubre de 2026, pero la reciente reforma a la Constitución los deja sin curul regional.
Para Flores, tras más de tres décadas el Parlacen representó «una carga financiera» para El Salvador, pues se dieron «altos pagos de salarios que no trajeron ningún capital de retorno al país» derivado del trabajo de sus diputados.
El Estado salvadoreño en sus 34 años de membresía del Parlacen habría gastado $57.8 millones, partiendo de su asignación presupuestaria anual de $1.7 millones.
Peñate, por su parte, recuerda que «el Parlacen es la institución que absorbe más del 60 por ciento del presupuesto del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, además de ser un serio obstáculo para el desarrollo de esta misma institucionalidad».
Nuevas Ideas, impulsor de la reforma a la Carta Magna, expuso en su iniciativa el elevado costo de mantenimiento en que incurre El Salvador con el Parlacen. «Además de su ineficacia práctica, el mencionado Parlamento representa un gasto ineficiente e injustificado desde todo punto de vista para un Estado como el de El Salvador». «No existen evidencias de que la representación de El Salvador haya promovido iniciativas de ley conforme a sus facultades que hayan generado algún efecto congruente con los objetivos de esta entidad», añadió.
El Parlamento es considerado como «cementerio político» pues los partidos los utilizan para reciclar a sus militantes y altos dirigentes que no tienen ya respaldo para obtener una diputación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, es visto como símbolo de impunidad.
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El Pueblo Redacción