Recientes investigaciones del Ministerio Público han permitido desmantelar varias estructuras de corrupción integradas por empleados del Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quienes ofrecían, de forma ilegal, servicios como tramitación de licencias de conducir sin exámenes, conexiones de agua potable, instalación de medidores y legalización de sistemas antiguos. Estas acciones fraudulentas llevaron a la Fiscalía a emitir órdenes de captura en los últimos meses.
Los implicados aprovecharon sus cargos dentro del Estado para estafar a ciudadanos que buscaban acceder a servicios básicos o trámites legales. Tras una exhaustiva labor de investigación y la cooperación de los titulares de las instituciones afectadas, los involucrados enfrentan actualmente procesos judiciales por delitos como cohecho, fraude, estafa agravada, falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
Estas acciones forman parte de la Guerra contra la Corrupción, anunciada por el presidente Nayib Bukele en junio de 2023, donde se advirtió que ningún funcionario corrupto quedaría impune, sin importar el tiempo que hubiera transcurrido desde su delito.
Una de las redes detectadas operaba en la región occidental de ANDA, donde empleados de la institución, junto a particulares, exigían pagos entre $800 y $3,000 por acelerar trámites como conexiones de agua o legalizaciones. Entre los capturados se encuentran altos mandos de la entidad como el gerente regional José Élmer Umaña Ibarra, junto con otros colaboradores administrativos y técnicos. En total, se reportan más de 200 víctimas, muchas de las cuales nunca recibieron el servicio prometido.
Por otro lado, en febrero pasado fue intervenida otra estructura delictiva, esta vez relacionada con la venta ilícita de licencias de conducir. La red estaba compuesta por empleados del VMT, personal de escuelas de manejo y examinadoras. A cambio de pagos que rondaban los $800 a $1,000, ofrecían exámenes aprobados sin que los solicitantes tuvieran que presentarse o demostrar conocimientos mínimos, lo cual representaba un serio riesgo para la seguridad vial.
La operación abarcó varias zonas del país, incluyendo San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad y otros departamentos, y resultó en la captura de empleados del VMT y particulares ligados a escuelas de manejo. Los delitos que enfrentan incluyen agrupaciones ilícitas, cohecho activo, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
El fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jónathan Mata, reiteró el compromiso de la Fiscalía en combatir estos actos de corrupción que, además de ser ilegales, ponían en peligro directo a la ciudadanía al permitir que personas no capacitadas obtuvieran permisos para conducir.
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El Pueblo Redacción