Los crímenes de este tipo, frecuentes en la época del capo asesinado en 1993, volvieron a conmover al país esta semana tras el intento de asesinato contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el sábado mientras se reunía con sus seguidores en un parque de Bogotá.
El martes, la Fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por su presunta participación en el ataque a balazos contra el político de 39 años, quien se encuentra en estado crítico en una clínica. El joven negó los cargos y permanece detenido.
Un video al que tuvo acceso AFP muestra al sospechoso mezclándose entre la multitud, vestido con camiseta estampada y pantalones vaqueros. En un momento, saca un arma y dispara; Uribe cae al suelo y la gente huye en pánico.
Según la Fiscalía, el político recibió tres impactos de bala.
«Este tipo de hechos no son inusuales en Colombia», comentó a AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef Colombia y director de una fundación que trabaja con jóvenes vulnerables.
La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que las bandas delictivas emplean a menores debido a que enfrentan penas más leves bajo el sistema jurídico colombiano.
Durante 2024, cerca de 5,000 adolescentes entre 14 y 17 años ingresaron al sistema penal juvenil por delitos, incluido homicidio, según el Ministerio de Justicia.
Estos jóvenes, que suelen portar armas, provienen principalmente de barrios marginados con poca educación y familias frágiles, explica Charles. Ante la falta de oportunidades, la delincuencia aparece como la única opción para sobrevivir.
«Buscan soluciones rápidas para obtener dinero, pues a menudo no tienen qué comer en sus hogares», añadió.
En Colombia, el 33 % de la población vive en pobreza y casi el 4 % de niños y adolescentes abandonaron sus estudios en 2023.
Investigaciones indican que los grupos criminales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por cometer asesinatos, pero a menudo los jóvenes son engañados y nunca reciben el dinero prometido.
El adolescente acusado de disparar contra Uribe declaró estar dispuesto a colaborar con las autoridades y que actuó bajo órdenes de alguien vinculado a una «olla» — término usado para referirse a puntos de venta de drogas.
Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó que en muchos casos las mafias inducen a los menores a delinquir a través del consumo de drogas.
La pena máxima para homicidio en menores es de ocho años, mientras que un adulto puede enfrentar hasta 50 años de prisión.
Para el penalista Francisco Bernate, el uso de menores en actividades criminales es una práctica antigua en Colombia, que busca la impunidad aprovechando la vulnerabilidad de estos jóvenes.
Además, Bernate explica que el desarrollo cerebral de los menores no les permite comprender plenamente las consecuencias de sus actos, por lo que reciben un trato diferenciado y sanciones educativas, no penales, como exige la ley y tratados internacionales.
La fiscal Camargo añadió que a diferencia del sistema penal para adultos, el de menores está enfocado en sanciones restaurativas y educativas, por lo que los jóvenes no van a cárceles comunes, sino a centros especializados.
Estos hechos traen recuerdos dolorosos. El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista, Bernardo Jaramillo, fue asesinado a tiros en un aeropuerto, a manos de un joven de 16 años. A pesar de contar con escoltas, no pudo evitar el ataque.
El joven agresor fue detenido por poco más de un año, y en 1992 apareció muerto junto a su padre dentro del baúl de un carro en Medellín, según relata el periodista Jorge Cardona, autor del libro Días de Memoria, que documenta la violencia en Colombia entre 1986 y 1991.
Cardona recuerda además otros casos emblemáticos: en 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por un menor de 16 años, y en 1990, Carlos Pizarro, exguerrillero y candidato presidencial, fue baleado por un joven de 20 años dentro de un avión.
Estos crímenes aún no han sido completamente esclarecidos.
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El Pueblo Redacción