El transporte colectivo fue durante más de una década uno de los sectores más golpeados por la violencia de las pandillas en El Salvador. Solo en 2015, al menos 95 trabajadores del rubro fueron asesinados por negarse a pagar extorsiones, una práctica criminal que le generaba hasta $35 millones anuales a las estructuras delictivas.
Los ataques eran dirigidos contra motoristas, cobradores, empresarios y personal administrativo de distintas rutas. Muchos de estos crímenes ocurrieron a plena luz del día, mientras las víctimas realizaban sus labores. La escalada de violencia llevó a la suspensión temporal del servicio en más de 100 rutas a escala nacional, afectando a miles de usuarios, entre ellos empleados públicos y privados, estudiantes, comerciantes, maestros y personal médico.
El caso más crítico ocurrió en julio de 2015, cuando las pandillas asesinaron a seis motoristas de las rutas 100, 8, 301, 2 y 4 en un período de 24 horas. La intención era presionar al gobierno del FMLN para retomar la polémica tregua entre pandillas promovida por el expresidente Mauricio Funes (fallecido en enero de 2025).
Entre 2004 y mediados de 2019, según datos de la Mesa Nacional de Transporte, fueron asesinadas 2,452 personas vinculadas a este sector. Las pandillas incluso llegaron a adquirir buses y microbuses mediante testaferros, con el fin de financiar sus operaciones delictivas.
Cambio radical bajo la actual administración
Fue hasta junio de 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele, que se comenzaron a ver cambios contundentes en la seguridad del transporte colectivo. La implementación del Plan de Control Territorial y el régimen de excepción, desde 2022, marcaron un antes y un después para este rubro.
Actualmente, el sector ha dejado de pagar extorsiones, incluyendo el llamado “aguinaldo” navideño que las maras exigían bajo amenazas. Las rutas ya no son blanco de ataques y los empresarios operan con libertad, según informes oficiales.
A nivel nacional, 1,266 rutas cuentan con presencia preventiva de policías y soldados. De acuerdo con la Presidencia de la República, en julio de 2022 se ordenó la vigilancia permanente de las 10,150 unidades de transporte colectivo en circulación: 6,787 autobuses y 3,363 microbuses.
Lo que fue por años un símbolo del terror urbano en El Salvador, hoy representa uno de los sectores más beneficiados por el cambio en la estrategia de seguridad pública.
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El Pueblo Redacción