Con el objetivo de «fortalecer la estructura física y administrativa de los mercados debido a que estos representan un desafío crítico que afecta al medioambiente, la salud pública y la economía del país, por la falta de infraestructura adecuada», fue aprobada ayer la ley de creación de la Dirección de mercados y locales comerciales ubicados en espacios públicos, durante la sesión plenaria ordinaria número 58.
Con esta legislación se crea el marco legal, que consta de 55 artículos, que regulará la estructura orgánica, funcionamiento administrativo y financiero, así como las competencias de la institución que se encargará de la administración de los mercados y comercios ubicados en plazas, parques y otros espacios públicos.
«Lo que se intenta hacer en este país, a partir de que los salvadoreños tomaron la decisión en las urnas, en 2019, es cambiar las cosas, porque todo lo que antes se tenía no funcionaba», manifestó el presidente de la Asamablea Legislativa, Ernesto Castro.
El legislador cian cuestionó las condiciones en las que han permanecido los centros de abasto del país. «Lo que hemos vivido, los que hemos estado allí, de verdad, eso no ha funcionado. Lo que estamos proponiendo es intentar un cambio, y siempre la respuesta es que se hace para beneficio del pueblo, para el beneficio de la mayoría», aseveró Castro durante la discusión del dictamen.
Por su parte, Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas, indicó que con esta nueva ley «se está impulsando un nuevo modelo para llevar soluciones», pues «los mercados eran lugares inseguros, que por mucho tiempo las pandillas acecharon y controlaron».
Rosales aclaró que «no se aumentarán los cobros» en los mercados y que la nueva ley se aplicará en aquellos centros de abasto en los que el gobierno ha invertido en infraestructura, y en aquellos que soliciten inversión y pasen al Ejecutivo bajo la figura del comodato.
En tanto, Francisco Lira, diputado de ARENA, afirmó que con la iniciativa aprobada se estará utilizando un modelo de «centralización que le quita la oportunidad a los salvadoreños (para) que se le pueda acercar los servicios públicos; y obviamente nuestro rechazo rotundo a esta iniciativa». La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, también criticó la ley.

