Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras la detención en Estados Unidos de Norman Quijano, exalcalde de San Salvador, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial por el partido ARENA. Ante los señalamientos que lo vinculan con pactos con pandillas durante la campaña de 2014, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, hizo un llamado a que las autoridades correspondientes investiguen los delitos que se le imputan al exdirigente arenero.
▌«Habrá que ver cómo se desarrollan los siguientes eventos alrededor de este tema. Las acciones que se le señalan deben ser investigadas y juzgadas por un sistema que garantice verdadera justicia», declaró Ortiz.
El caso de Norman Quijano ha cobrado nuevo protagonismo luego de que fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, mientras enfrenta una orden de captura vigente en El Salvador por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Durante la campaña presidencial de 2014, cuando Quijano buscaba la presidencia con ARENA, se le acusa de haberse reunido con líderes de pandillas para negociar votos a cambio de beneficios si ganaba las elecciones. La Fiscalía salvadoreña sostiene que estos hechos configuran agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El partido ARENA, al cual pertenece Quijano, no ha emitido postura oficial sobre su detención, dejando en soledad a uno de sus históricos líderes. Esta omisión ha generado cuestionamientos dentro y fuera del espectro político.
Por su parte, la diputada arenera Marcela Villatoro también se refirió al tema, aunque con un tono más reservado y tajante.
▌«Yo no soy la defensora de él. Ni tampoco soy la Fiscalía. Que siga su debido proceso y que él muestre lo que tenga, mostrarlo, siguiéndole el juicio como debería de ser y ya», expresó Villatoro, añadiendo:
▌«No voy a prestarme a que se tergiverse información por parte de medios afines al Gobierno».
El proceso contra Norman Quijano ha sido ampliamente debatido desde que perdió su fuero como diputado del Parlacen. La acusación formal en su contra sigue su curso y su reciente captura en territorio estadounidense podría abrir la puerta a una eventual extradición hacia El Salvador, donde deberá enfrentar los cargos si así lo deciden las autoridades judiciales.
El país ahora observa con atención cómo avanzará este caso, considerado uno de los más emblemáticos por los supuestos vínculos entre estructuras políticas y criminales. Mientras tanto, voces como la de Ortiz insisten en que el debido proceso y la transparencia judicial deben prevalecer por encima de toda presión política o mediática.
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El Pueblo Redacción