El 27 de marzo marcará tres años desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción como una medida constitucional para erradicar la criminalidad de las pandillas y devolver la paz a los salvadoreños.
Los resultados de esta estrategia han sido históricos, destacando la drástica reducción de homicidios. En 2024, El Salvador se posicionó como el país más seguro del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, dejando atrás su pasado como una de las naciones más violentas.
Para 2025, la meta es disminuir aún más esta cifra. El presidente Bukele adelantó que, de mantenerse la tendencia, el país podría cerrar el año con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándose al objetivo de convertirse en el país más seguro del mundo.
El régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una ola de 87 asesinatos, permitió desmantelar las estructuras criminales de la MS, la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos, eliminando su capacidad de reorganización.
Los alarmantes niveles de homicidios que marcaron el pasado quedaron atrás. Durante los gobiernos de ARENA y el FMLN, El Salvador acumuló más de 100,000 asesinatos, con una tasa de hasta 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, cuando se registraron 6,656 muertes violentas.
Reformas para combatir las pandillas
La lucha contra las pandillas requirió un esfuerzo sin precedentes. Desde marzo de 2019 hasta febrero de 2025, las autoridades capturaron a cerca de 87,000 pandilleros gracias a estrategias como la instalación de 12 cercos de seguridad en zonas dominadas por estas estructuras criminales. Lugares como La Campanera, en Soyapango, fueron recuperados por las fuerzas de seguridad.
El régimen de excepción permitió la reforma de leyes clave para endurecer las penas contra cabecillas, colaboradores y financistas de las pandillas. La Asamblea Legislativa, con mayoría del partido Nuevas Ideas, aprobó las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.
Las reformas al Código Penal establecieron condenas de hasta 45 años de prisión para financistas y líderes de grupos terroristas. También se impusieron penas de hasta 30 años para pandilleros vinculados con delitos relacionados con drogas.
El Código Procesal Penal fue ajustado para garantizar la seguridad de los jueces y eliminar beneficios procesales para delitos graves como homicidio, secuestro, robo y extorsión. Además, la Ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil establecieron sanciones de hasta 60 años para cabecillas y penas de 10 a 20 años para menores de edad involucrados en actividades delictivas.
Por primera vez en la historia de El Salvador, los tres órganos del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– han trabajado de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, enfatizó la importancia de impedir que las pandillas continúen reclutando menores para actividades criminales como la extorsión y la vigilancia de fuerzas de seguridad. En 2022, advirtió: «Tenemos que erradicar estas prácticas que intimidan y obligan a la población a colaborar con las pandillas. Es un ciclo que debemos romper.»
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El Pueblo Redacción