La Comisión Política de la Asamblea Legislativa ha dado un paso importante en el proceso de elección del próximo Fiscal General de la República para el período 2026-2028. Ayer, se acordó citar para el próximo lunes 16 de diciembre a los dos profesionales que han presentado su carta de intención para ocupar este cargo tan relevante para la justicia en El Salvador.
A las 2:30 de la tarde, se recibirá a Gonzalo Octavio Ayala López, mientras que a las 2:50 de la tarde, se programará la entrevista con Rodolfo Antonio Delgado Montes, el actual Fiscal General, quien busca ser reelegido para continuar con su labor al frente de la Fiscalía General de la República. Ambos profesionales presentaron sus hojas de vida, atestados y credenciales dentro del período estipulado entre el 9 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, cuando se habilitó el plazo para iniciar el proceso de elección.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, destacó la importancia del proceso, asegurando que el trabajo del grupo consistirá en «estudiar los currículos, revisar la documentación presentada, revisar el cumplimiento de requisitos constitucionales, entrevistar a los candidatos y emitir el dictamen correspondiente» para su posterior presentación ante el pleno de la Asamblea Legislativa.
Castro también recordó que el nombramiento del actual Fiscal General concluye el 5 de enero de 2025, por lo que, en cumplimiento con el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), se abrió el proceso de recepción de propuestas 60 días antes de la finalización del período del funcionario en cargo. Esta iniciativa refleja el compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a los plazos establecidos para la elección del Fiscal General.
Cabe resaltar que, hasta la fecha, solo se han recibido dos solicitudes de aspirantes, lo que asegura un proceso conciso y enfocado en los profesionales más capacitados para ocupar esta importante posición en la justicia salvadoreña.
Este proceso de elección demuestra el compromiso del gobierno y de la Asamblea Legislativa con la transparencia y la democracia, garantizando que el próximo Fiscal General de la República sea elegido conforme a los más altos estándares de legalidad y competencia.