El Salvador mantiene vigentes siete tratados con diversos países para garantizar la cooperación internacional en materia de justicia penal, según informó Margareth Meza, jefa de Negociación y Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.
«Actualmente, el país cuenta con siete instrumentos relacionados con el traslado de reos, los cuales contribuyen a la cooperación y garantizan el debido proceso», explicó Meza durante la sesión celebrada el lunes anterior. Estos acuerdos permiten el traslado de personas condenadas para que cumplan sus penas en sus países de origen, contribuyendo a fortalecer el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.
En esta ocasión, la comisión recibió a tres representantes de la Cancillería para discutir la ratificación de un nuevo acuerdo titulado «Tratado entre la República de El Salvador y la República de Cuba para el cumplimiento de condenas penales en los países de origen». Este tratado tiene el objetivo de facilitar que los salvadoreños condenados en Cuba puedan cumplir sus penas en El Salvador, y de igual forma, que ciudadanos cubanos condenados en El Salvador puedan hacerlo en su país de origen.
Patricia Bran, directora de asuntos jurídicos de la Cancillería, explicó que el tratado es aplicable solo para aquellos reos que soliciten voluntariamente ser trasladados a su país de origen. Esto garantiza que los presos puedan cumplir sus sentencias cerca de sus familias y en sus respectivos entornos culturales.
El dictamen favorable de la comisión fue presentado ante el pleno legislativo el martes, donde fue aprobado con 56 votos de los diputados de Nuevas Ideas, PDC y PCN. Los diputados de ARENA no participaron en la votación, mientras que Claudia Ortiz, de VAMOS, se abstuvo.
Con la aprobación de este tratado, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa demostrando su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia penal, así como con la garantía de debido proceso para los salvadoreños en el extranjero. Este es un paso más hacia la consolidación de un sistema judicial que opere de manera eficiente, respetando los derechos humanos y promoviendo la reintegración social de los condenados.