Dicho informe, de 32 páginas y titulado «Mano dura y erosión democrática en América Latina. Percepción ciudadana en Costa Rica», indica que hay una sensación general de inseguridad y de temor en dicha nación centroamericana, donde por la idiosincrasia y el «ser» se ponderan los derechos humanos, pero se demandan resultados y se cuestiona el accionar de las autoridades en el combate al crimen.
«El presidente Nayib Bukele en particular supone la figura que genera mayor admiración de parte de los participantes, y a quien se tiene como mayor referente para ejercer medidas de mano dura en Costa Rica», consigna el informe, que recogió la apreciación de costarricenses en edades de 18 a 65 años sobre el tema de la seguridad, a través de ocho grupos focales.
Dichos grupos mencionaron como principales personajes a escala internacional que representarían la mano dura en Costa Rica a Nayib Bukele en primer lugar, seguido del presidente de Rusia, Vladimir Putin; luego el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«La percepción generalizada de los diferentes segmentos o grupos consultados es que Costa Rica es un país cada vez más inseguro», agrega el estudio, que reconoce que en ese país sigue «siendo el narcotráfico el factor de mayor preocupación, puesto que se percibe como aquel que engloba a los demás delitos».
«En general, los jóvenes muestran mayor disposición a la mano dura de acción directa, donde a menudo mencionan a personajes como el presidente Bukele en el actuar con decisión; mientras que los adultos mayores están del lado de la mano dura vinculada al orden y respeto por la ley, resguardando la democracia y el quehacer institucional»
El documento también señala que, por su idiosincrasia, los costarricenses ponderan los derechos humanos sobre la seguridad pública; sin embargo, quieren resultados en el combate al crimen. «Los argumentos a favor de la seguridad, como una necesidad que está por sobre la libertad y democracia, se construían en torno al deseo de tener a un líder carismático de la línea de la mano dura, que tenga el poder para solucionar los problemas de delincuencia del país», dice el documento.
Virginia, una de las costarricenses consultadas en edad de 30 a 50 años, señaló que al presidente Bukele se lo ha criticado por su política de seguridad y por el trato dado a las pandillas; sin embargo, ella quiere mano dura para la delincuencia en su país.
«Si la democracia está definida como un gobierno, por el pueblo y para el pueblo, y ese pueblo está sufriendo inseguridad, entonces evidentemente la seguridad tiene que pasar por encima a las libertades de los delincuentes y a la democracia que se le podría aplicar a un delincuente», planteó Virginia.
Asimismo, en los grupos focales «apareció con claridad una postura que privilegia la dureza del castigo a los delincuentes, por encima del respeto o resguardo de los derechos humanos».
El documento también consigna lo expresado por Tatiana, una costarricense en edad de 55 a 65 años, quien dejó claro que los delincuentes deben pagar por sus fechorías, e hizo una consideración sobre los derechos humanos.
«Yo pienso que ahí se desvió mucho la gente con los derechos humanos, porque se les tiene derechos humanos a los delincuentes, pero no a los civiles. O sea, todos tenemos derechos como personas, pero el que esté incumpliendo la ley y esté incumpliendo las cosas no va a tener los mismos derechos que nosotros. Así lo veo yo», expresó.